ONU vs. ciberderechos

EE.UU, Inglaterra, Francia, España entre otros países han dictado leyes que violaban los derechos humanos en contra del clamor popular de una ciudadanía que protestaba en Internet para hacer valer sus derechos.

Esta es la clase de artículo que a medida que lo escribo, me produce hinchazón venoso y rubor de pabellón auricular.

Resulta ofensivo que se pretenda hacer creer a la ciudadanía que está obligada a obedecer unas leyes que protegen derechos industriales y que violan otras de rango superior, tales como los Derechos y Libertades de ámbito público recogidas en nuestra constitución (Derecho a una comunicación libre y derecho de acceso la información).

No se trata de simples errores legislativos o de gestión, sino un ataque indecente a nuestros derechos. Si nuestros representantes se pasan por el forro de los cojones nuestros derechos fundamentales recogidos en la constitución, la respuesta ciudadana será la desobediencia civíl y el ciberactivismo.

Ahora es la ONU la que advierte de la gravedad de negar derechos fundamentales a los ciudadanos.

• ONU: “Las leyes contra el intercambio de archivos violan los derechos humanos”
• Filesharing laws ‘breach human rights’

Concretamente la ONU se expresa en estos términos:

Si bien las propuestas en marcha bloquean y filtran a los usuarios de contenido específico en la red, los estados también han adoptado medidas para cortar el acceso a Internet por completo. Cortar a los usuarios este acceso, independientemente de la justificación que se presente, ya sea por derechos de autor u otras causas similares, es una medida desproporcionada y por lo tanto una violación del artículo 19, apartado 3, del pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos.

Estas medidas también están incluyendo una legislación basada en el concepto de “respuesta gradual” (Hadopi o la Ley de Economía Digital) que impone sanciones a los infractores de derechos de autor, dando lugar a la suspensión del servicio de Internet

Instamos a los estados a derogar o enmendar las leyes de derechos de autor intelectual que permiten a los usuarios su desconexión y que se abstengan de adoptar dichas leyes.

Lo que afirma la ONU no es nada nuevo. La declaración de Derechos en Internet del Senado español de 1999, ya contemplaba estos derechos que jamás han sido derrogados.

“Declaración de Derechos de Internet del Senado español (9-12-1999)“:

El ordenador personal y el domicilio electrónico son inviolables. Ninguna entrada o registro podrá hacerse sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

Aquí estamos tratando de la impunidad de legisladores irresponsables que tomando el pelo a los ciudadanos y mofándose de sus justas reivindicaciones, hacen un daño tremendo a la ciudadanía para procurarse su propio beneficio y el de sus amiguetes de la industria.

Lo que hace la señora Sinde puede que no esté tipificado como delito, pero eso se debe a que los políticos actúan desde la más absoluta impunidad. De esa forma resulta fácil ser corrupto, faltón, mentiroso, arrogante y prepotente.

No somos iguales. No todos gozamos de impunidad. Por eso esto es una lucha de clases, y lo que se pretende es rebajar la impunidad de los políticos y sus privilegios, para someterlos a un mínimo control ciudadano que está brillando por su ausencia.

Una página de un ciudadano lo mismo que cualquier periodista, puede ir en contra de intereses de terceros, porque tales intereses no tienen categoría de derecho fundamental, y la Libertad de Expresión sí lo tiene.

Garantizar la supervivencia de una industria por medio de leyes liberticidas es algo intolerable, y así lo entiende la ONU.

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