Ángeles Gonzales Sinde debería ser cesada ya mismo.
Se está produciendo una sucesión de denuncias de reclamación de la devolución del canon, que a su vez empiezan a provocar otra serie de efectos colaterales. Se trata de un efecto dominó provocado por la caida de la primera ficha (la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) declarando ilegal el canon aplicado en España).
El Tribunal de Justicia de la UE declara ilegal el canon digital aplicado en España.
«La aplicación del ‘canon por copia privada’ a los soportes de reproducción adquiridos por empresas y profesionales para fines distintos de la copia privada no es conforme con el Derecho de la Unión», señaló la Corte con sede en Luxemburgo en su sentencia de hoy.
El impuesto -que se recauda en favor de artistas y productores- sólo debería aplicarse a los apoyos que se destinarán a copias privadas pero no los adquiridos ‘para empresas y profesionales para fines distintos a la copia privada’.
Las dimensiones de este colosal efecto dominó, se analizan en un largo artículo publicado por Ana Zarzuela en Intelligence and Capital News Report. Me he permitido seleccionar algunos párrafos:
Sinde, entre la espada de la SGAE y la pared de Bruselas, desata otro cisma digital en la trastienda de Moncloa y Ferraz.
El tiempo muerto del pasado, les explota ya en las manos de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias y de la mismísima ministra de Economía. Elena Salgado no se ha pronunciado, ni hay solicitud formal de devolución, pero el Estado podría reclamar 300 millones de euros a la Sociedad General de Autores de España (SGAE) en concepto de devolución del canon digital, según los cálculos de Josep Jover -el abogado que ganó el caso Padawan ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea-.
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Además de reclamar a la SGAE, al fabricante o al importador -que cobraron el canon como meros intermediarios- el Estado podría encontrarse con una avalancha de denuncias directas por no haber hecho bien la adaptación de la directiva europea que ampliaba el canon al entorno digital.
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La Federación de Municipios y Provincias gobernadas por el PP, que representa a los equipos de gobierno de más de 3.300 municipios de España -el 40 por ciento del total nacional-, exigen al Ejecutivo central que modifique la Ley de Propiedad Intelectual. Pero no son sólo dos centenares de consistorios del Partido Popular los que han empezado a gestionar las reclamaciones del canon pagado en los últimos cuatro años y calientan exigencias de restitución por unos 100 millones de euros. La Generalitat de Cataluña ha decidido erigirse como símbolo de la revuelta de las instituciones catalanas contra el pago del canon digital.—
Militantes y cargos públicos del PSOE que se posicionan desde hace tres años en contra del canon vuelven a abrir las heridas de ese debate, tras cuestionamientos como los de la eurodiputada Paca Pleguezuelo, eurodiputada y un grupo de legisladores y cargos socialistas extremeños. Aún se piensan su voto en la ‘Ley Sinde’, tras el debate abierto por el ex presidente de la Junta, Rodríguez Ibarra, partidario de “reinventarse los derechos de autor en la tecnología digital»
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A la Sociedad General de Autores, las batallas del canon digital le amargan ya el inminente ‘bautizo’ de la Ley Sinde. Cuando llegue, -en abril o mayo según la ministra-, lo hará al borde del peor momento para su modelo de ingresos. Por más que la consigna oficial sea asumir que la sentencia del TUE ratifica la validez del canon digital -nada dicen del fin de su aplicación indiscriminada- saben que nada será ya lo mismo para el edificio de sus ingresos desde 2011; no sólo porque la avalancha de reclamaciones puede obligar a la SGAE a la devolución de hasta 500 millones de euros (que ya ha aclarado que no piensa reintegrar voluntariamente, aunque sus demandas siempre buscan el cobro retroactivo del canon), sino porque extraer del cobro a las administraciones, profesionales y las empresas -y cargarlo sólo a los particulares, como exige Luxemburgo- supondría reducirlo a un tercio de su aportación actual, unos 100 millones de euros en el pasado ejercicio, más de un tercio de los ingresos totales de la SGAE, que cobraba el 90% del canon digital de todas las sociedades.
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