Balanza de la Justicia

Balanza de la Justicia

Son varias las organizaciones sin afinidad entre ellas que interpondrán querellas contra los responsables de esta crisis, porque están convencidas de que pudo ser evitada. En el caso de que las querellas no prosperen y de que no se haga justicia en España, la vía legal no estaría agotada. Se recurriría a los tribunales europeos que probablemente serían mucho más objetivos.

Puede parecer que pongo la venda antes que la herida, pero estamos hablando de un poder judicial español politizado, extraordinariamente servil al estado y que no ha estado a la altura de las circunstancias en los últimos años.

La justicia tendrá que tomar decisiones de ruptura con algunas de sus feas costumbres de servilismo político.

La querella interpuesta por los ciudadanos contra políticos corruptos tendrá a mi modo de ver el valor de examen para el poder judicial. Este es una pieza clave para que funcione la democracia.

Contexto sociopolítico:

No digo nada nuevo si afirmo que la situación económica y social en España es por desgracia muy grave. Las reacciones populares para corregir la deriva antidemocrática de nuestro sistema, se vienen sucediendo bajo diferentes estrategias que quizás el poder político ha sabido capear mal que bien.

El 15M engloba una serie de estrategias no violentas, pero ante el atrincheramiento de la clase política van surgiendo nuevas estrategias.

La crisis en España pudo ser evitada, pero la forma en que los políticos actuales entienden  la política,  tiene un efecto lesivo en todas las instituciones de nuestra democracia. Gracias a ello los gobiernos, con independencia de su ideología, se han convertido en parásitos demasiado ocupados con sus mercadeos de influencias como para prestar atención a los ciudadanos o a las señales de alarma de nuestra economía.

Reacción del pueblo ante el secuestro de su soberanía:

Aunque la Constitución diga que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, este se ha visto impotente y sometido a la permanente estafa de sus supuestos representantes.

Se trata de una impotencia muy conseguida y muy trabajada por parte de la clase política. Llevan años socavando los pilares de la democracia, y ahora recuperar esa soberanía no es fácil. En un contexto de manipulación constante, las estafas políticas y las mentiras no se castigan en las urnas. El miedo y el odio han sustituido a la razón y los partidos que alcanzan el poder en las urnas lo usan impunemente como un cheque en blanco durante cuatro años.

Ante tal impotencia los ciudadanos reaccionan de diferente forma:

Puede que para los mineros, la justicia resulte un instrumento demasiado lento. El caso es que ellos han decidido recurrir a métodos poco pacíficos, porque su situación es desesperada y urgente. Morir de hambre jamás será una opción para ningún ser humano y es en esa situación es donde el gobierno ha colocado a comarcas enteras.

Para los ciudadanos que sí que podemos permitirnos algo más de paciencia, me parece muy apropiado dar una oportunidad a la justicia para que pueda hacer lo que no hizo hasta ahora.

Me refiero a meter en la cárcel a los corruptos y recuperar ciertos valores democráticos recogidos en nuestra constitución y en otras leyes de menor rango. Ya que han permitido que queden en papel mojado es de justicia que las repongan.

Relación de delitos que serán imputados:

  • Falsedad en documento público.
  • Administración desleal.
  • Prevaricación.
  • Malversación de caudales públicos.
  • Delito contable.
  • Delito de insolvencia punible.

¿Qué puede esperarse de esta querella?

El primer efecto de esta querella será una instrucción en la cual se pondrán en marcha investigaciones que airearán los nichos de podredumbre que han convertido nuestra democracia en irrespirable.

El segundo efecto, caso de conseguirse condenas, será que los culpables no solo paguen con privación de libertad, sino que paguen con su patrimonio los daños causados a la sociedad. Se está invitando a la ciudadanía a que localice propiedades de las personas que sean acusadas, para que en caso necesario se proceda a solicitar la expropiación de sus bienes. Tengo la impresión de que la ciudadanía llegará hasta el final en esta iniciativa legal. Le va en ello su futuro.

El tercer efecto, sería el de regeneración democrática y recuperación de la soberanía popular. Se trata de una acción directa.

El cuarto efecto sería el de poner a la justicia ante la encrucijada de continuar servil al poder o hacer justicia y meter en la cárcel a una parte de ese poder.

Por último, el quinto efecto sería el de recuperar para la ciudadanía un instrumento valioso como es la acusación popular.  Los políticos ya intentaron desactivar esta figura legal argumentando que debía ocuparse de ello la Fiscalía General del Estado, que como todo el mundo sabe es totalmente dependiente del gobierno. Se presionó desde el gobierno al TC para limitar considerablemente este derecho recogido en nuestra constitución. Ya lo comenté en su momento: El gobierno pretende hacerse con el control de la acción popular.

La acción o acusación popular es la atribución de legitimación activa para que un ciudadano pueda personarse en un proceso sin necesidad de invocar la lesión de un interés propio, sino en defensa de la legalidad. Se trata, por tanto, de una manifestación del derecho público subjetivo al libre acceso a los Tribunales en que las pretensiones que se mantengan sean de interés público. Por tanto, la acción popular se enmarca dentro del más amplio espacio del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución.

La Constitución Española vigente reconoce en su artículo 125 la acción o acusación popular:

Título VI. Del poder Judicial. Artículo 125.- Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

Querellantes:

Pese a que los grupos han actuado de manera independiente, todas las querellas interpuestas confluirán en un mismo proceso, porque así está establecido.

Hay que destacar lo poco que tienen en común los querellantes. Una asociación, una ONG y un partido político. A todos ellos les doy las gracias.

La asociación de DemocraciaRealYa se constituyó legalmente como asociación precisamente porque eso le confiere un estatus de persona jurídica que le permite acceder a determinados instrumentos de acción directa. Constituirse como asociación conlleva ventajas y desventajas en forma de derechos y obligaciones.

Como asociación puede actuar en unos niveles diferentes a los de una organización horizontal sin estatus jurídico y por lo tanto incapaz de interponer querellas.

En la dolorosa escisión de DemocraciaRealYa quedó una parte fiel a sus orígenes como organización horizontal y otra de tipo asociativo.

La querella por parte de DRY-Asociación será preparada por el letrado Miguel Ángel Jimenez.

Ahora ambas partes comparten el nombre y los objetivos, pero actúan desde frentes distintos y complementarios. Unos son la infantería y otros la artillería. Todos ellos deberían pensar que es mucho más lo que les une que lo que les separa.

Los peores efectos de la crisis pudieron ser evitados por el Banco de España:

Uno de los efectos de la politización de las instituciones es que estas se comportan con arreglo a los nulos conocimientos técnicos de unos políticos incompetentes, estúpidos, irresponsables, y que solo conciben la política como una especialidad profesional para mercadear influencias.

Los inspectores del Banco de España alertaron de la crisis en 2006
Después de tantas mentiras a los españoles Zapatero aún se atrevió hace un año a asegurar que la crisis no pudo preverla ni el FMI.

Sin embargo, en el año 2006, los inspectores del Banco de España enviaron una carta al entonces ministro de economía, Pedro Solbes para distanciarse de la actitud complaciente del entonces gobernador, Jaime Caruana, respecto a la situación económica de nuestro país. En ese escrito confidencial le advertían de que se estaba produciendo una burbuja inmobiliaria en el sistema financiero español y que tendría peligrosas consecuencias.

Miguel Ángel Jimenez, letrado de DRY-asociación,  afirma que aportará como pruebas un par de cartas. Una de ellas es la que acabo de mencionar en la referencia anterior y que en caso de haber sido tenida en cuenta habría evitado, o al menos paliado considerablemente, las desastrosas consecuencias de esta crisis al haber ignorado la crítica situación de la burbuja inmobiliaria. Una situación fuertemente agravada por la actuación irresponsable de la política bancaria en la concesión de hipotecas. El poder financiero y el político fueron de la mano en la fabricación de esta crisis.

Se han cometido barbaridades surrealistas. Imagino que se preguntarán en el extranjero como hemos sido tan idiotas, y eso tampoco es bueno para la imagen de España.

Lo ocurrido en ha sido la gota que colmó el vaso de la paciencia con la corrupción:

Firma SIP Cajas de Ahorro. Foto. Rafa Martin

Firma SIP Cajas de Ahorro. Foto. Rafa Martin

Anticorrupción investiga a los gestores de Bankia por cinco posibles delitos
SE INCLUYEN FALSEDAD, ADMINISTRACIÓN DESLEAL, DELITO SOCIETARIO, ESTAFA Y APROPIACIÓN INDEBIDA

Las diligencias, que serán remitidas a la Audiencia Nacional, afectan a Rodrigo Rato, Miguel Blesa y Fernández Ordóñez

Algunos de los nombres más destacados de las personas que serán acusadas:

La querella preparada por Miguel Ángel Jiménez está planteada contra 84 personas. Se buscará depurar responsabilidades en Bankia y en el Banco de España. Salvo error, algunos de los nombres más destacados son:

Referencias sobre esta nueva iniciativa.

Quiero recordar un caso de éxito en este tipo de luchas que pueden ser largas y duras, pero ya sabemos que estos poderosos sinvergüenzas son vulnerables a la acción directa de los ciudadanos.

La operación SAGA, un precedente de batalla legal exitosa de la ciudadanía contra la corrupción:

Teddy Bautista

Teddy bautista

Tenemos un sistema judicial tan politizado, que los asuntos legales que no interesan al gobierno de turno nunca se airean.

Para poder evitar los pestilentes nichos de impunidad que esto provoca, los ciudadanos necesitan involucrarse en costosas batallas legales en las cuales han de remar contracorriente.

Por fortuna tenemos un precedente exitoso. Promovido por la Asociación de Internautas (Es una experiencia muy valiosa).

La Operación Saga fue una investigación que comenzó en España el 1 de julio de 2011, cuando la Guardia Civil detuvo a Teddy Bautista (presidente de la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE) y a José Neri (director de la Sociedad Digital de Autores y Editores, sDae) junto a otros 7 miembros de la SGAE por el presunto desvío de fondos a empresas privadas pertenecientes a miembros de la Junta Directiva.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de una denuncia elaborada en noviembre de 2007 por la letrada Ofelia Tejerina para la «Asociación de Internautas», e interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción, junto con otras tres asociaciones, la «Asociación de Usuarios en Internet», la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE).

Una vez iniciadas las diligencias judiciales de la investigación, se interponen otras dos denuncias: una interpuesta en julio de 2010 y otra en febrero de 2011.

El 3 de julio Teddy fue puesto en libertad sin fianza e imputado de tres delitos: societario, apropiación indebida y administración fraudulenta. Además, se le retira el pasaporte y se le prohíbe salir del país. El 12 de julio de 2011 renunció como presidente de la SGAE.

En los comicios del 26 de abril de 2012 para la elección de nueva junta directiva de la SGAE, los socios dieron el respaldo mayoritario a AUNIR, la lista que encabeza Antón Reixa, interpretada por todos como el reflejo de la voluntad de cambio de los socios para superar el escándalo de corrupción.

Políticamente también hubo consecuencias: El gobierno, que nunca quiso darse por enterado de la apestosa cloaca que existía en la SGAE y que los ciudadanos señalaron durante años, terminó haciendo suya una de las reivindicaciones sociales demandada insistentemente por los ciudadanos. El gobierno poco después del estallido del escándalo,  anunció la supresión el canon digital, que venía cobrándose en todos los medios digitales desde finales de 2007. Finalmente, el 12 de julio se decide en el Congreso suprimirlo y sustituirlo por otras fórmulas menos arbitrarias e indiscriminadas y, por tanto más justas.

Con ello los políticos daban su brazo a torcer y acataron los  «reveses judiciales» que habían sufrido por las sentencias de la Audiencia Nacional como la del Tribunal de Justicia de la UE que habían declarado nula gran parte de la regulación.

Algunas conclusiones:
En lugar de quejarnos tanto de boquilla, lo que hay que hacer es pasar a la acción, porque para que el mal triunfe basta con no hacer nada y algo tan caro como esta crisis no debe salir gratis.

Nunca en España estuvo más indicada una acusación popular que ahora.

La casta política corrupta puede ondear distintas banderas ideológicas para lograr el respaldo de los incautos, pero sus verdaderas intenciones son las que se manifiestan cuando acceden al poder, se olvidan de sus promesas, y se blindan frente a las protestas de los ciudadanos recortando sus derechos.

 PD 4-julio-2012:

UPyD se querella contra todo el consejo de Bankia y su matriz por estafa

UPyD ha presentado una querella por estafa, entre otros delitos, contra todos los miembros del consejo de administración de Bankia y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), cuando la primera salió a bolsa.

La secretaria general del partido, Rosa Díez, ha explicado a los medios antes de registrar la querella que el texto incluye cinco delitos graves: estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas, intervención fraudulenta y desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas.

En total la querella va contra 35 directivos de ambas entidades, entre los que se incluyen Rodrigo Rato y José Luis Olivas.

Toni Cantó diputado de UPyD  lo comenta.

Querella a Bankia

Los hechos son estos: la Audiencia Nacional admite a trámite la querella de UPyD contra los responsables del saqueo de Bankia.

Pero también son estos otros: los grandes partidos rechazan que se cree una comisión de investigación abierta en el Congreso.

Y volviendo al pasado: los partidos, sindicatos y la patronal se reparten los puestos en los consejos de administración de las cajas. Las cajas financian proyectos absurdos que solo sirven para que algunos políticos construyan mausoleos inútiles con los que ganar votos, financiación dudosa y alrededor de los cuales se generan enormes operaciones inmobiliarias.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andréu en su auto hace unas valoraciones y reflexiones muy duras.

Las perlas del auto judicial sobre Bankia
“(…) causa cierto estupor que a una Sociedad de reciente creación, que carece de cuentas consolidadas de ejercicios anteriores (…), se le permitiera salir a bolsa, pero (…) la CNMV lo autorizó,

“(…) lo sucedido en este caso nada tiene con un riesgo “normal”, habida cuenta que la situación patrimonial reflejada en el Folleto poco o nada tenía que ver con la real (…)”.

“(…) los riesgos señalados en el citado Folleto han quedado en puras anécdotas a la luz de lo ocurrido pocos meses después,

PD 5-jul-2012:

Quién es quién en el caso Bankia
Un repaso rápido a las biografías y los méritos profesionales de los 33 responsables de Bankia que la Audiencia Nacional, tras la denuncia de UPyD, ha decidido imputar bajo la gravísima acusación de falsificar las cuentas y estafar a los pequeños accionistas de esta arruinada entidad, entre otros presuntos delitos.