No entiendo como algunos todavía preguntan por qué no se ha hecho antes tal cosa en nuestro país. Es obvio que no interesaba. Todavía alguno confunde ingenuamente el interés de los políticos con el interés general de la sociedad.

Para un político, imagino que esta medida resultaría contraria a las normas no escritas de nuestra y pondría en serio peligro años de arduos trabajos en la consolidación de nuestra casta política gerontocrática. Por lo tanto, debilitaría imprudentemente los pilares de nuestro sistema político lobycrático y alimentaría una fuerte tendencia transparentocrática de incalculables consecuencias sociales económicas y políticas, poniendo en grave riesgo la estabilidad de nuestro sistema plutocrático actual. Supongo que nuestros aristocráticos políticos lo expresarían de otra forma.

EL MOVIMIENTO 15-M PIDE UNA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Desde el movimiento se exige transparencia a las administraciones. El nombre y apellido de esta reivindicación es la Ley de Acceso a la Información Pública, un mecanismo que permite al ciudadano saber cómo, cuándo y dónde se gasta su dinero. Con esta ley, la Administración tiene la obligación de contestar las peticiones de información de los ciudadanos y de publicar, de una manera clara, sencilla y accesible, todos los datos que son propiedad de todos. Tenemos derecho a saber.

Video realizado por integrantes de la Comisión de Audiovisuales del Movimiento 15M Madrid: Olga Iáñez, Maite Vitoria, Ivan Martínez y Rafael Medrano.

Una visión crítica:

En mi opinión, tanto el vídeo como la redacción de la propuesta están equivocadas, y se quedan tan cortas que no servirían para casi nada.

¿Derecho a preguntar? ¿Obligación a responder?
¡CLARAMENTE NO BASTA CON ESO!

Eso llegaría siempre tarde, y la chusma que nos gobierna actuaría en base a hechos consumados que por otra parte, es una de las estrategias favoritas que vienen practicando.

Lo que hay que pedir como parte de los requisitos burocráticos de funcionamiento de las instituciones públicas, es la obligación de cumplimentar con suficiente antelación,  una entrada en una base de datos para el registro de la actividad política, que sería de público acceso a través de Internet de modo permanente desde antes de su puesta en marcha.

Por lo tanto, la ley de transparencia no debería limitarse a ser una mera ley de acceso a la información pública. Conformarse con eso me parece de una ingenuidad pasmosa.

Lo que hace falta es una ley de transparencia y seguimiento de la actividad política, que en caso necesario debería permitir las acciones legales previas por medio de la iniciativa popular, la cual, dicho sea de paso, ya están intentando recortar o incluso suprimir, argumentando que se ejercería sólo a través de nuestros representantes.

Me refiero a la capacidad efectiva de la ciudadanía para interponer acciones legales a tiempo de prevenir el daño.

La iniciativa popular, también conocida como iniciativa ciudadana se refiere a la posibilidad amparada en la de que las personas presenten peticiones, cargo de justicia, avalada por sus firmas, para que se tome a consideración política un determinado asunto público, como puede ser una reforma de un estatuto o una ley, o incluso una enmienda constitucional.

El tratamiento burocrático aumentaría ligeramente porque sería necesario el registro previo de todas las acciones de gobierno que comporten, disposición de fondos públicos, nombramiento de cargos, concesiones de contratos a terceros, afectaciones de derechos civiles, etc.

Sería muy importante establecer unos períodos de anticipación de dichos registros que sean proporcionales a la importancia de la acción según un baremo establecido en dicha ley que ha de tener la categoría de ley constitucional para evitar tentaciones de manipulación y detener cualquier intento de abuso de poder. Para casos graves que se deben habilitar respuestas legales tramitadas de forma urgente. Supongo que alguno intentará colar una cosa por otra para agilizar trámites, pero el registro ha de ser previo siempre y por ello siempre cantaría bastante.

Si nos la intentan colar de forma ilícita, el juez detendrá la acción política. Esto es muy difícil que los políticos lo acepten porque les va en ello la capacidad de mamoneo.

Ilustremos con datos la razón de por qué la transparencia ha de ser un prerequisito:
Un político que no cumple con un prerequisito legal puede ser imputado por incumplir una obligación, pero un político al cual se le hace una petición de información, puede usar estrategias dilatorias hasta el infinito y más allá. El mejor ejemplo lo tenemos en el manual de prácticas políticas de Rubalcaba.

Rubalcaba retrasó la entrega de papeles del CSIC al juez Garzón, Luego paralizó el caso Faisán todo un año, esta vez gracias a la colaboración de Garzón (curioso pero cierto). En el caso contra Sánchez Manzano se negó durante todo un año a entregar papeles sobre los Tedax sobre el 11M. Tal cosa mereció finalmente un ultimátum de la juez Coro Cillán cosa que tuvo la desfachatez de intentar negar. Me queda claro que intentó por todos los medios que esa información no se conociera nunca, pero ni siquiera está obligado a explicar por qué actuó de esa forma.

Yo sinceramente espero que alguien con la preparación legal necesaria redacte y concrete una petición que recoja esta idea, con carácter de ley fundamental, porque no podemos depender de lo que quieran responder los políticos a cada momento. ¿Acaso no los conocemos?