¿En qué beneficia a los ciudadanos que estos no puedan interponer demandas en defensa de sus intereses generales, y que estas deban ser presentadas por un fiscal general del estado, que no es otra cosa que un paniaguado del gobierno?

El Gobierno está intentando dar unas directrices al TC, para que de facto, impida el ejercicio de la acción popular como venía ejerciéndose ahora en casos de enorme trascendencia.

Un gobierno corrupto, capaz de todo por mantenerse en el poder, y al que le importa un pimiento las necesidades del pueblo llano, y que no para de cometer toda clase abusos.

Un gobierno que ya no representa a su pueblo sino a familiares, amigos y gente poderosa del mundo de las finanzas y de la industria.

La actual dependencia del poder judicial alcanza niveles de escándalo, pero ya es insuficiente para las necesidades del actual gobierno que necesita rehabilitar al juez amigo Garzón para que vuelva a paralizar el caso Faisán, y para controlar el actual desmadre de los eres en Andalucía.

Ya dijimos que un gobierno capaz de cercenar las libertades en la forma que lo hace Lay Ley Sinde es capaz de cualquier cosa, pero era difícil pensar que llegara a tanto.

El atropello que pretende este, para salvar su culo en asuntos judiciales muy comprometidos es de una magnitud similar a la ley que impulsó Berlusconi para gozar de inmunidad mientras estuviera en el poder.

Hay muchas formas de cargarse la democracia y este gobierno parece que las conoce todas.

El Gobierno presiona al TC para limitar la acción popular y facilitar el regreso de Garzón

Si el Constitucional cercena la acusación pública del ciudadano, se archivarán el ‘caso de la Memoria Histórica’ y el de los ‘cobros de Nueva York’. El magistrado podrá volver a instruir el ‘caso Faisán’.

Diego Carrasco. Madrid

Máxima expectación en la decisión que adoptará el Tribunal Constitucional (TC) acerca de la doctrina Atutxa que avaló la Sala Penal del Tribunal Supremo en una sentencia dictada el 8 de abril de 2008. Esta tesis reconoce a la acción popular “la capacidad para acusar y solicitar la apertura de juicio oral, aunque no haya fiscal o acusador particular”.

Fuentes jurídicas consultadas por LA GACETA han señalado que desde el Gobierno se está intentando dar unas directrices al presidente del TC, Pascual Sala, para que limite el ejercicio de la acción popular. “Si finalmente se cercenara la acusación pública del ciudadano, la decisión podría tener unas consecuencias prácticas muy favorables para los intereses del magistrado suspendido de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón”.
Es cierto que la acción popular es un derecho reconocido por la Constitución Española, por lo que no se puede suprimir. “Pero lo que el Tribunal Constitucional si puede hacer es limitarla, de tal manera que el monopolio de la acusación pública quede en manos del Ministerio Fiscal, o sea, del Gobierno”, apunta un destacado miembro de la Judicatura.

Sin embargo, una consulta a la Wikipedia basta para aclarar lo que vulgarmente se entiende por acción popular más allá de interpretaciones viciadas por intereses políticos.

Se denomina acción popular, en Derecho procesal, a la acción judicial por la cual los poderes públicos y, en general, cualquier ciudadano, está legitimado para instar la actuación de la administración de justicia en defensa de intereses colectivos o difusos. Tiene gran relevancia en el ámbito del Derecho procesal penal, puesto que al afectar la mayor parte de los delitos a intereses colectivos, es común la utilización de esta figura a través de asociaciones independientes.

Según la Constitución española, los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

La frase «en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine» no puede usarse como excusa para dejar sin efecto el espíritu de la ley «los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia». Espero y deseo que el TC no colabore en este intento de atropello salvaje de nuestros derechos más elementales.

No es de recibo que cada vez que los políticos encuentren un resquicio en la ley, del tamaño del ojo de una aguja, nos cuelen por el mismo un tren de mercancías. La democracia es ante todo representación de la soberanía popular.

PD 18 marzo 2011:
Además de aguantarse, quedan otras opciones.
#nolesvotes: Gran pegada de carteles en toda España para el 17, 18 y 19