La pregunta viene a cuento de un par de noticias recientes. La primera es esta:
IU pregunta si el gasto para la visita del Papa es lícito en un Estado aconfesional
IU ha asegurado que el Gobierno elude explicar cuánto dinero público dedicará a las ‘Jornadas Mundiales de Juventud 2011’, que prepara la Iglesia católica y a las que está previsto que acuda el Papa, y si ese gasto es compatible con la aconfesionalidad del Estado español.
El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, ha preguntado al Gobierno, a través de un comunicado, si el gasto previsto para la celebración de las jornadas católicas a las que asistirá el Papa son compatibles con la aconfesionalidad del Estado.
El gobierno socialista de Zapatero no ha respondido a IU sobre cuánto dinero va a costarle al estado unas «Jornadas Mundiales de Juventud 2011» en las cuales admite estar colaborando económicamente.
La segunda en mi opinión es incluso más preocupante porque incide en la estrategia proselitista de las religiones de todo el mundo que sin excepción medran en la educación infantil, para alcanzar sus fines.
Francisco José González, secretario regional de esta organización afirma que los padres que deciden matricular a sus hijos en estos colegios conocen el ideario católico del centro.
En ambas noticias se asume que La financiación de los proyectos católicos corre a cargo no sólo de los creyentes sino de toda la sociedad.
¿La visita del papa y la educación para hacer proselitismo católico tenemos que pagarlas todos?
Cruz de los caídos.
Es cierto que esos centros privados tienen una ideología propia que debe ser respetada, pero además de eso son centros concertados y a estos hipócritas avariciosos no les quema en la mano el dinero de los que no son cristianos.
El estado debería respetar el dinero del contribuyente haciendo un uso no discriminatorio de lo recaudado. Si el dinero del contribuyente es recaudado para el bien de todos, no puede cederse al que va hacer un uso sectario del mismo.
Todas las religiones en todo el mundo tienen el máximo interés en controlar la educación para que los valores morales de la sociedad puedan ser amoldados con arreglo a las creencias doctrinales de su fe.
Es natural, si los cerebros no se lavan con energía desde la más tierna infancia, luego de adultos no quedan bien limpitos.
Este es un modelo educativo de enorme éxito para fabricar mentes borreguiles, porque la libertad de un borrego conducido en rebaño por un pastor, es la misma que la de un beato conducido por un administrador de la fe, que por algo también han sido denominados pastores.
En España, que se define en la constitución como aconfesional, se ha camuflado la confesionalidad Católica mediante leyes que vulneran el principio constitucional de la imparcialidad del estado ante el hecho religioso.
Esto se hizo porque así convino a una mayoría católica que desde siempre ha actuado oprimiendo los derechos de las personas que se manifiestan como no católicas.
En la Constitución española (diciembre, 1978) se reconoce el derecho que asiste a los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Por otro lado, el acuerdo del Estado español con el del Vaticano sobre enseñanza y asuntos culturales (enero, 1979) señala que los planes de estudios “incluirán la enseñanza de religión católica en todos los centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”.
Pero un acuerdo con carácter de ley como es el concordato no puede usarse para vulnerar ninguno de los principios de nuestra constitución que son de rango y dicen que «Ninguna confesión tendrá carácter estatal».
La constitución dice que nos hallamos en un Estado laico o aconfesional y garantiza «la libertad ideológica, religiosa y de culto», con idéntico énfasis con que proclama la igualdad «de los españoles ante la Ley», sin discriminación alguna por razón de «nacimiento, raza, sexo, religión u opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».
El problema es que «las relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones» han quedado reguladas por un concordato (Acuerdo España-Santa Sede de 1979) que continua en la misma línea de cesiones y de privilegios antidemocráticos que en los acuerdos previos instaurados en la época del nacionalcatolicismo franquista.
El Vaticano consiguió la excedencia a las obligaciones que imponía nuestra constitución y eso se ve muy claramente en el funcionamiento actual Iglesia Estado.
En lo relativo a la educación el concordato se les queda corto porque en ningún sitio del infame acuerdo con El Vaticano se dice que la enseñaza de religión católica tenga que ofrecerse de forma exclusiva y sin posibilidad de alternativas, que es a donde pretenden llevarnos estos beatos fanáticos que invaden la educación.
Esperar a que los adultos acudan a los templos para recibir el mensaje de Cristo no les basta, porque si no les encarrilan de pequeñitos, luego de adultos andan muy despistados pensando por cuenta propia y cuestionando cosas como la infalibilidad del papa, o la virginidad de La Virgen, o como encaja El Génesis con la ciencia, etc. Por eso hay que enseñarles desde pequeñitos a creer en un montón de memeces.
Lo cierto es que la discriminación por razón de credo es un hecho desde el momento en que España tiene firmado ese concordato con El Vaticano que consagra a La Iglesia Católica como una institución beneficiaria de toda clase de favores discriminatorios y por lo tanto inconstitucionales en asuntos jurídicos, educativos, y económicos. Por ejemplo: Los cerca de 14.000 profesores de religión en España son trabajadores y trabajadoras que carecen de los más elementales derechos laborales, su selección para trabajar y su continuidad depende del responsable de cada diócesis episcopal.
Esos privilegios van en contra de la separación Iglesia Estado consagrada en nuestra constitución, vulnera el principio de soberanía popular, hace inútil el sufragio universal por la imposición final de normas anticonstitucionales y antidemocráticas al servicio de una soberanía nacional católica.
Éstos privilegios se mantienen por la gran inercia de tradiciones milenarias que son el producto de la manipulación del pueblo por parte de La Iglesia bajo el amparo de regímenes dictatoriales, y que viene desde tiempos de la inquisición, a tiempos del franquismo, y aún persiste hoy en día pese a la democracia gracias al concordato.
Las visitas del papa son siempre pastorales y deberían ser sufragadas exclusivamente por sus fieles.
Ningún centro educativo puede tener derecho a concertación alguna si se niega a impartir una educación plural que debería estar inspirada meramente en los valores constitucionales y en las leyes democráticas que los Españoles nos hemos dado a nosotros mismos. Imponer creencias no es educación sino contraeducación.
La política de concertación de centros educativos daña a la democracia, está financiando a una enseñanza privada que es mayoritariamente católica, que no es neutral a nivel ideológico ni político, y que impulsa su propio ideario doctrinal en la educación infantil, que viola el espíritu de nuestra constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Conclusión:
La religión pertenece al ámbito privado, y todo lo que sea salirse de ese ámbito resulta lesivo para los más elementales derechos humanos.
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