Blog multi-temático de Antonio Castro

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Etiqueta: estado de derecho Página 1 de 2

Los partidos más votados (bipartidismo y nacionalismo) son también los más favorecidos por la ley electoral.

No me parece casual que los partidos más beneficiados por la ley electoral sean los más corruptos y los que más tiempo lleven en el poder.

Quizás llevemos demasiado tiempo votando mal y deberíamos empezar a cambiar nuestras costumbres electorales antes de alcanzar una situación de no retorno en lo relativo a la pérdida de libertades.

El voto útil es el que se impone en las urnas, pero no es otra cosa que el voto del miedo y del todo vale. La actualidad viene demostrando que el voto útil (votar opciones mayoritarias aunque no lo merezcan) es un voto suicida.

En lugar de votar al partido idóneo estamos votando al segundo menos malo. Lo hacemos así como mal menor para que nos proteja del que nos inspira más temor, pero las diferencias entre el peor y el segundo menos malo, vienen siendo cada vez más insignificantes y así nos va.

Estamos en democracia y todo el mundo puede votar lo que quiera, faltaría más…, pero desde un punto de vista ético y social, algunos partidos merecerían ser considerados por la gente más sensata como invotables por su reciente pasado político.

Como ya hemos dicho, los ciudadanos ante la falta de normalidad democrática votan lo que menos miedo les da y lo llaman voto útil. Es el peor de todos los votos porque ha permitido a los partidos actuales gestionar su continuidad invocando a los fantasmas del miedo.  El voto útil a convertido a nuestros partidos, en expertos gestores de nuestros miedos para su propio beneficio y para perpetuarse por turnos en el poder.

La actual crisis global no es solo de tipo económico. Sus nefastas consecuencias en todo el mundo tienen mucho que ver con la disfuncionalidad democrática de unos paises cuyos gobiernos han perdido poder ante las grandes entidades financieras y multinacionales.

En España estamos siguiendo los mismos patrones equivocados que en otros países de nuestro entorno. La solución en teoría es sencilla, castigar en las urnas a los que están destrozando el estado del bienestar en su propio beneficio. Será complicado que la situación mejore si en nuestras citas con las urnas no vencemos nuestros miedos.

Estamos votando a partidos que han cedido ante poderosas empresas cuyos intereses poco tienen que ver con el interés general.

Lo primero que necesitaríamos como votantes sería tener clara cuales son las circunstancias que deberían convertir en invotable a un partido con un pasado más que decepcionante. Ciertas prácticas políticas son merecedoras de tolerancia cero en democracia y votar a aquellos que traicionan la democracia es algo que no nos podemos permitir.

Deberíamos marcarnos unos límites estrictos de aceptabilidad que fueran compatibles con una democracia sana:

Cualquier partido afectado por casos importantes de corrupción debería quedar descartado para cualquier votante responsable. La castaza con su aforamiento goza de un régimen jurídico privilegiado que explota para sus felonías. Las personas imputadas y con causas orales abiertas deberían quedar fuera de la posibilidad de presentars a ningún tipo de elecciones. Las listas electorales deberían ser abiertas. La corrupción en España no es el chocolate del loro como se hartaron de decir. Es el cáncer de la política.

CONCLUSIONES:

Estas son unas pocas reflexiones personales y una llamada a la responsabilidad a la hora de votar.

Los partidos grandes se han parapetado bajo unas leyes electorales y bajo una serie de privilegios legales que les favorecen. Cada vez son más antidemocráticos.

El voto a un partido es un premio que debe merecerse y si ninguno lo mereciera, la próxima vez deberíamos declarar ese premio desierto por simple coherencia y sentido común. La buena noticia es que las encuestas auguran un fuerte descenso del bipartidismo en toda Europa en general y en España en particular. No seamos los últimos en quitarnos la venda de los ojos.

El ganador en el caso de Julián Assange debería ser el estado de derecho.

No me parece un asunto menor el hecho de que se solicite la extradición de Julían Assange sin haber sido acusado formalmente, además esto lo hace un fiscal y no un juez. En otras palabras, tres meses después de los hechos, no hay pruebas fehacientes de ningún delito sino declaraciones que no han sido suficientemente claras o contundentes como para merecer una acusación. ¿Piensan obtener las pruebas que le incriminen de las declaraciones del propio Assange? ¿Por qué tanta insistencia en la extradición cuando Julian Assange está dispuesto a contestar a las preguntas que le formule el fiscal? ¿A quién se quiere juzgar, a Julián Assange o a Wikileaks?

No se comprende que un tercer país como Inglaterra se involucre hasta el extremo de amenazar a una embajada para extraditar a una persona que no ha sido acusado de nada formalmente. Parece que detrás de estos hechos se esconden maniobras políticas promovidas por un país como EE.UU. herido en su orgullo por la revelación de sus inconfesables secretos.

Las últimas reacciones están incidiendo en la credibilidad de sus actuales defensores. El hecho de que Julián Assange no encontrara mejores defensores que líderes populistas hispano americanos y un juez venido a menos, no está indicando que sea culpable, sino que no ha podido conseguir nada mejor porque está muy solo.

Assange está tan solo y tan injustamente perseguido, que aquellos que en otras ocasiones fueron criticados por la UE y por EE.UU. por la falta de seguridad jurídica en sus países, han visto una ocasión maravillosa para devolver esos mismos reproches de inseguridad jurídica a una UE y a unos EE.UU. que han presumido de ser ejemplos democráticos y adalides de la libertad de expresión, de los derechos humanos y del estado derecho.

Ahora estos adalides y sus cómplices por inacción, son ampliamente percibidos como los acosadores de un defensor de la libertad de expresión por revelar sus más oscuros secretos.

Julian Assange: fraude al Estado de derecho
¿Cómo es que la Unión Europea permanece muda acerca de este asunto?
[…]
Las altisonantes recientes declaraciones de Ecuador relativas al caso, de las que se ha hecho especial eco la organización internacional ALBA, que integra al país andino con otros regímenes bien conocidos por situarse en los márgenes de la comunidad internacional, como Venezuela y Cuba, desvían la atención respecto de la realidad en materia de libertad de prensa y, en general, de garantías legales.
[…]
el aspecto más sorprendente del caso Assange reside en el estruendoso silencio de aquellos actores e instituciones cuya existencia y legitimidad dimana de la integridad del concepto del Estado de derecho. Empezando por la Unión Europea, cuyo mutismo no cabe más revelador.

En una violación se entiende que una persona ha sido forzada a un acto sexual contra su voluntad y hay demasiadas dudas sobre ese punto en el caso de violación que se pretende imputar a Assange.

Suecia contra Assange: un caso oscuro
Pero la actuación de la Fiscalía sueca es francamente sospechosa, como también lo son las conexiones políticas de Borgström. Con las circunstancias conocidas del caso, creo que ningún fiscal llevaría el caso a juicio porque no podría ganarlo. Al menos, eso es lo que pensó la primera fiscal que leyó las declaraciones de las denunciantes.
[…]
¿Por qué después de sufrir el presunto ataque ambas mujeres no acudieron a denunciarlo y estaban dispuestas a mantener el contacto con el agresor?
[…]
La Fiscalía ha mantenido vivo el caso de forma artificial sin atreverse a procesar a Assange, como podría haber hecho cuando el editor de Wikipedia Wikileaks prestó declaración en Suecia.

Podría equivocarme, pero a mí no parece que exista caso por violación. Me parece que existe un caso contra la libertad de expresión y contra el estado de derecho.

Desconfianza en la justicia.

No va a servir de nada repetir hasta la saciedad que la justicia es una institución fundamental y que todos tenemos la obligación de defenderla. Podemos decir que sin la justicia no queda otra cosa salvo el caos y es cierto, pero los tozudos hechos nos llevan a admitir que existe una grave situación de desconfianza en la justicia.

Esta lleva demasiados años decepcionando a la ciudadanía y el nivel de lo admisible hace tiempo que se traspasó impunemente.

La justicia española parece no estar pensada para poder solucionar los graves problemas que afectan gravemente a la mayoría de los ciudadanos. Está tan politizada que los ciudadanos piensan que no está a su servicio sino al servicio de la clase política. Una clase tan corrupta que se ha convertido en el principal problema de la ciudadanía.

Sea por acción, por inacción o por impotencia, la justicia no está funcionando porque el poder político la está condicionando y limitando continuamente.

Digo todo esto porque estamos viendo ya como los ciudadanos empiezan a organizarse para suplir la falta de voluntad política para hacer justicia.

#15MpaRato: segunda fase #QuerellaPaRato

Gracias a la espectacular y rapidísima acción ciudadana, hemos pulverizando todos los tiempos y pronósticos de nuestro propio plan quinquenal.

Todo está a punto:

– En tan solo 12h decenas de accionistas nos han contactado para ofrecer personarse en la querella.

Una querella como esta necesita mucho dinero, pero ante la sobreprotección política a toda clase de sinvergüenzas, la ciudadanía se ha movilizado. Ya no confían ni en la iniciativa política ni en la iniciativa de las fiscalías como la anticorrupción, la general del estado, las  provinciales, o la de la audiencia nacional.

El caso de Bankia debería ser visto como la gota que colmó el vaso. Yo no voy a hablar aquí ni de ella ni de Rato. Me parece mucho más grave la indefensión ciudadana por culpa de una clase política omnímoda que se ha cargado a conciencia la separación de poderes.

El ciudadano se moviliza porque es consciente de que todas las fiscalías antes mencionadas, son serviles al estado.

El ciudadano ha sido privado de su libertad mediante estrategias de control político sobre todas las instituciones.

Montesquieu afirmó que para garantizar la libertad, era necesaria la separación de poderes, y distinguió entre poder legislativo, ejecutivo y judicial. El poder dividido de esta forma, servía de contra poder entre unos y otros.

Fue en el seno de la separación de poderes donde florecieron el estado de derecho y las constituciones modernas como la nuestra. Unas constituciones que hacen menciones a todos estos conceptos que han pasado a servir de garantía para las libertades ciudadanas y los derechos humanos.

De nada sirve lo que ponga nuestra constitución si desde la política se convierte en papel mojado. La clase política actual, nos ha hecho retroceder al siglo XVIII.

Si a la crisis actual pretenden sumar la injusticia y la impunidad, habría que reservar a nuestros políticos un asiento en un banquillo acusados por delito de traición.

¡Ojo! Es un decir porque la ciudadanía no tiene potestad para ello, pero no busquemos más lejos el motivo de la indignación ciudadana como fruto de esa impotencia y de estos abusos contra nuestros más elementales derechos.

Me doy cuenta de que la palabra usada es fuertecita, pero vaciar nuestra constitución española hasta transformarla en papel mojado, solo puede calificarse de traición.

Basta de impunidad de la clase política y de sus amigotes, basta de coacción a los derechos de libertad de expresión.

¿Tan difícil es de entender? No estamos pagando con nuestros impuestos a unas instituciones, para que luego estas sean usadas contra los intereses generales de los ciudadanos. Tampoco las pagamos para que los ciudadanos tengamos que suplirlas luego con carísimas iniciativas legales como lo anterior. Es surrealista de grave que es.

Nos están obligando a reparar las injusticias que a la clase política no le interesa que sean depuradas.

Si a nosotros no nos salen gratis este tipo de iniciativas legales, a la clase política tampoco debería salirle gratis. ¿Para qué creen que fueron elegidos?

Basta ya de impunidades.

¿Ha sido condenado injustamente Baltasar Garzón por las escuchas del Gürtel?

Este es un asunto muy grave, muy técnico, muy sensible, y altamente politizado, pero incluso en el seno del PSOE, hay gente que no ve nada clara la legalidad de las escuchas ordenadas por Garzón. Véase el debate: Joaquín Leguina, expresidente de la CAM y escritor VS Luis Salvador, exsenador del PSOE

Yo no he querido pronunciarme hasta después que se conociera la sentencia, pero en su momento seguí con interés y en directo algunas declaraciones del juicio. Mi impresión entonces fue que Garzón se extralimitó. A pesar de eso deseaba estar equivocado porque la condena de Garzón puede tener un efecto colateral nefasto en el caso Gürtel.  Espero que nadie se vaya de rositas en el caso Gürtel por culpa de esta sentencia, pero de momento Camps y Costa ya fueron absueltos por un jurado, con cinco votos a favor y cuatro en contra.

El caso es que El Supremo condena a Garzón por las escuchas ilegales de Gürtel

Entiendo perfectamente la indignación de mucha gente por los resultados judiciales por las repercusiones en el caso Gürtel y por las simpatías políticas de que goza Garzón.

La pregunta es: ¿Ha sido condenado injustamente Baltasar Garzón?

Recordemos algunos puntos del juicio a Baltasar Garzón por las escuchas:

El abogado Ignacio Peláez del empresario José Luis Ulibarri, uno de los imputados en el «caso Gürtel», explicó que fue grabado en la prisión de Soto del Real (Madrid) cuando acudió a la misma a entrevistarse con los presuntos máximos responsables de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo. Concretamente manifestó que : «esas comunicaciones suponen un quebrantamiento del derecho a la intimidad porque pensaba que estábamos en un Estado de Derecho«, y subrayó la «sagacidad» de las fiscales del caso Gürtel en sus interrogatorios que solo podían obedecer a que tuvieran conocimiento de unas conversaciones que ellos consideraban que no estaban siendo intervenidas.

Poco después el abogado de la acusación interrogó al jefe de la UDEF José Luis Olivera. Era el comisario que dirigía la investigación de la Gürtel, y estuvo encargado de llevar a cabo las grabaciones dando cumplimiento al auto de Garzón sobre las escuchas.

El comisario dijo: “Cuando recibimos el mandamiento judicial, al leer el texto, decía literalmente ‘previniendo el derecho de defensa’, que a nuestro juicio necesitaba una explicación. Le pedí que me aclarara esa frase y el magistrado me indicó que dispusiera las escuchas, las conversaciones relevantes, que el derecho de defensa lo asumía él a la hora de valorar lo que pudiera afectarlo o no«.

Y lo explicó para que no quedaran dudas de porqué él actuó en la forma que actuó de la siguiente forma: «yo no llegué a entender lo que Garzón quiso decir con lo de preservar el derecho de defensa» pero, en todo caso, la Policía escuchó todas las conversaciones interceptadas en la prisión, transcribió las que consideró de interés «y el derecho de defensa era una cuestión de él [Garzón]».

Es decir, en ese auto figura por escrito que se deben respetar los derechos de defensa. El comisario pregunta a Garzón (de viva voz) como se debe interpretar tal cláusula para respetar el derecho de defensa y Garzón contesta (también de viva voz) que eso lo decidirá él. Eso es tanto como decir al comisario que se grabe todo, y él decidirá lo que procede expurgar para preservar el derecho de defensa.

Las posteriores declaraciones de este comisario al que se pudo ver nervioso, son un pelín espesas, llenas de dudas y respuestas evasivas. En mi opinión, parece que el comisario, que acudió como testigo de la defensa de Garzón, no quiso dejarle demasiado mal, pero tampoco quiso llegar a encubrir nada y por eso dijo aquello de que Garzón le aclaró que » el derecho de defensa era una cuestión de él» ¿Y si es una cuestión suya porque le pide en el auto a comisario que la garantice? ¿Acaso ignoraba el comisario que debe cumplir la ley?

El comisario aclaró todo esto pese a que resultaba muy lesivo para los intereses de la defensa de Garzón.

La parte donde se le vio más acorralado al comisario es cuando le preguntaron sobre un Informe de 4 de marzo suscrito por su superior, el comisario Don Alfredo Cabezas (por cierto fue condecorado por Rubalcaba) y que dice en la página 9 lo siguiente: «la estrategia planteada entre el abogado de José Luis Uribarri, Ignacio Pelaez (que prensentó la querella contra Garzón por ser escuchado) y José Antonio Lopez Rubal consiste en: justificar …» y continuó diciendo: «reconocen que el dinero es suyo y van a tratar de justificar la entrega de Jacobo a la organización como parte del pago de una finca al Escorial …»

El abogado de la acusación le lee estos párrafos y le pregunta al comisario ¿Cuando usted dice que van a tratar de justificar ¿es porque el día 4 de marzo estaba citado José Luis Uribarri y por eso el informe se presenta el mismo día 4 de marzo? Es además un informe que se desglosó del informe general.

Aquello fue un torpedo lanzado contra la línea de flotación de la defensa de Garzón, y  el juez interrumpió y preguntó ¿por quién está firmado el informe? Y le contestan que está firmado por el comisario jefe de la brigada en aquel momento (Don Alfredo Cabezas), que es el superior del testigo que está declarando y que dicho informe lo hicieron entre los dos. Acto seguido le conmina al testigo a contestar.

Garzón ya ha sido condenado y no es cuestión de extenderse, pero era evidente que aquello pintaba feísimo.

Me temo que el tiempo en que estas grabaciones sin expurgar estuvieron a disposición de Garzón, fue demasiado amplio, y tampoco existió ninguna excusa para ello.

Mis conclusiones:
En mi humilde opinión, creo que no se ha vulnerado ningún derecho de la defensa de Garzón. Esta ha gozado de una garantías extraordinarias.

Igualmente opino que la inocencia de Garzón sobre el manejo de estas escuchas en la forma en que se hicieron,  podría haber sentado un pésimo precedente, provocando una gran inseguridad jurídica.

La justicia lleva tiempo siendo zarandeada desde hace algún tiempo desde el mundo de la política, y no me gusta nada que los políticos se dediquen a meter sus sucias manos en la justicia.

Lamento decirlo pero Garzón pasó por la política y volvió a ejercer, y de algo así es fácil que se deriven problemas. Creo que si algún juez conservado hubiera realizado una maniobra similar algunos que vieron eso normal pondrían el grito en el cielo, porque siendo legal, resultaba claramente poco deseable.

Un juez que sale de la judicatura y salta a la arena política, jamás debería volver a ejercer de juez, porque su imparcialidad y su objetividad quedan en entredicho. Además, la acción de los fans cosechados durante su paso por la política resulta nefasta para la imparcialidad de un juez.

Dicho esto, espero que el caso Gürtel siga adelante y espero que pronto veamos a los corruptos del PP en la cárcel.

Todo lo que está ocurriendo, puede que sea jurídicamente correcto, pero la justicia está fracasando en su principal cometido que es protegernos de los sinvergüenzas, y a estas alturas la situación de impunidad de los corruptos de uno y otro lado resulta muy difícil de soportar.

PD (10-feb-2012):

Siete surrealistas argumentos tuiteros en defensa de Garzón

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