Según el borrador de la ley de transparencia habrá que solicitar la información para que graciosamente sea concedida al solicitante. Me parece una tomadura de pelo.

A cambio de ese control de la información que quieren reservarse, se derivan un montón de efectos colaterales que han condicionado un borrador de Ley donde muchos artículos se han redactado para intentar minimizar los efectos negativos de este requisito de petición.

Lo primero que yo preguntaría al genio que parió esta ley es lo siguiente:  ¿Estamos en la era de la información o en la edad de piedra?

Como es natural el primer problema y el más grave es que esa petición por las razones que sean, no sea concedida. ¿Quién les ha dado permiso para hacer lo que quieran con nuestro dinero? Cosa que no ha pasado desapercibida. Transparencia propone el silencio administrativo para no contestar

La ley es en mi opinión una ofensa a la inteligencia de los españoles.

La ley de transparencia ha de verse como una nueva forma totalmente diferente de llevar a cabo los trámites burocráticos que son algo muy antiguo.  Tanto entre los sumerios, como los antiguos egipcios, funcionaron con escribas que llegaron a ejercer un gran poder por su privilegiado acceso a la información. Hacían los cálculos de estimaciones sobre impuestos, producción agrícola, etc.

¿Acaso no hemos avanzado desde entonces? Lo que ocurre con esta ley es que quieren ofrecer un sucedáneo de transparencia para calmar las demandas ciudadanas. Se resisten a dar toda la información en la forma  más adecuada para reservarse una parte importante de un poder que ahora debe ser devuelto a su legítimo dueño. El pueblo soberano.

Puesto que han solicitado opiniones y críticas a ese borrador, yo ofreceré las mías. No serán más valiosas que otras, pero me he tomado mi tiempo y el resultado es que no quedó gran cosa del borrador original. Es una enmienda a la totalidad.

CORRECCIONES SUGERIDAS AL ARTICULADO DEL BORRADOR

Artículo 3. Principios generales

Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este Título publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

Debería ser de forma periódica, cuando sean informes que requieran una elaboración, pero cuando se trate de un movimiento de dinero la publicación ha de ser previa a la disposición del importe conforme a unos plazos estipulados. Además,  la publicación debería de ser inmediatamente accesible en tiempo real por parte de todos los usuarios, y contener campos de información normalizados para poder unificar las búsquedas de información.

Artículo 6. Información económico-presupuestaria y estadística

Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Título deberán hacer pública la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación: 

El borrador no especifica el momento en que ha de hacerse ni las consecuencias penales en caso de introducir dilaciones en la publicación de la información. La publicación debe ser siempre lo más temprana que sea posible.

Artículo 7. Portal de la Transparencia

La Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia que permita el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refieren los artículos anteriores.

El Portal de la Transparencia incluirá, en los términos en los que se establezca reglamentariamente, la información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.

Está muy bien eso de proporcionar un portal que agrupe la información que sea solicitada con más frecuencia y de una forma lo más amistosa posible, pero eso no es excusa para que no esté disponible la información completa ni para dosificar el acceso a la misma a través de peticiones.

Artículo 10. Límites al derecho de acceso

 El derecho de acceso podrá ser restringido cuando la divulgación de la información suponga un perjuicio para: […]

Las consultas deberían poderse hacer directamente a través de Internet sin el requisito de petición previa. En los casos que corresponda limitar el acceso a dicha información, debería mostrarse la indicación relativa al tipo de restricción aplicada y un comentario que indique las circunstancias especiales que concurran si las hubiera. Se deben habilitar  procedimientos para recurrir el carácter reservado de la información y en última instancia se podrá acudir a la justicia para que determine si existe motivación fundada para la restricción al acceso de una información. A diferencia de lo que ocurre ahora, ninguna información podrá ser negada jamás a un juez en el ejercicio de sus competencias.

Artículo 11. Protección de datos personales 

Cuando la solicitud de acceso se refiera a información pública que contenga datos de carácter personal se aplicarán las disposiciones previstas en esta Ley. No obstante, se aplicará la normativa de protección de datos personales cuando los datos que contenga la información se refieran únicamente al solicitante. […]

Lo indicado no debe servir para ocultar la identidad de una persona que actúe en nombre de una entidad jurídica, ya que a estas no se debería aplicar la protección de datos personales.

Artículo 14. Solicitud de acceso a la información

El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información.

La solicitud podrá presentarse por cualquier medio y deberá especificar: La identidad del solicitante. […]

La información presente en Internet debería ser lo más completa posible, las solicitudes deberían quedar limitadas al uso y funcionamiento del sistema de consultas en Internet y a otras ayudas.

La identificación del usuario jamás debería de ser un requisito para acceder a la información que por derecho le pertenece. Debería garantizarse el anonimato de las consultas salvo que concurran circunstancias en las que que un juez considere indicio de delito, procediéndose en ese caso a la identificación del usuario por medio de una orden judicial que ampare sus derechos.

Articulo 15. Causas de inadmisión

Se inadmitirán a trámite, previa resolución motivada, las solicitudes:

Cuyo objeto sea información exceptuada del derecho de acceso en los términos previstos en los artículos 9 y 13 de esta Ley.

Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.

Que sean manifiestamente repetitivas y tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.  

Las causas de inadmisión de una petición sobrarían. Toda la información no restringida debe ser universalmente accesible en tiempo real a través de Internet. El artículo es un pegote originado por la introducción de un sistema de peticiones ineficaz, absurdo y que solo obedece a las inadmisibles ansias de control sobre la información por parte de un legislador interesado en ofrecer un modelo de transparencia que ni siquiera merece ese nombre.

Artículo 16. Tramitación

Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder de la autoridad pública a la que se dirige, ésta la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante. […]

Ninguna consulta debería ser objeto de trámite previo administrativo salvo que esté calificada como de acceso restringido. Además, las informaciones deberían venir acompañadas del registro de campos claves que permitan el cruce de informaciones en consultas de tipo relacional para permitir consultas no solo a documentos concretos, sino  a búsquedas globales relativas a los criterios especificados por el usuario en su consulta. La necesidad de trámite y la pretensión de control de la información de tipo no restringida no son de recibo y por lo tanto ambas deberían desaparecer.

Artículo 17. Resolución

La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso en que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario.

Requerir una tramitación de la información es inaceptable. Retrasar hasta dos meses el acceso a una información que puede ser ofrecida en tiempo real mediante sistema informáticos es igualmente inaceptable.

 Artículo 18. Unidades de Información

En el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades especializadas que tendrán las siguientes funciones:

Recabar y difundir la información a la que se refiere el Capítulo I del Título I de esta Ley.

Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información.

Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada.

Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información. […]

Las funciones que se detallan son caras ineficientes e innecesarias. Como ya se ha dicho, los accesos a la información deben de poder hacerse anónimamente en tiempo real a través de Internet haciendo uso del derecho a la privacidad. Los usuarios no deben ser identificados salvo que un juez lo autorice en base a una causa legalmente justificada.

 Artículo 19. Formalización del acceso

[…]

En el artículo 16 ya se explicó que la información debe de estar disponible sin que obre un trámite previo, salvo en el caso de información restringida.

 Artículo 23. Principios éticos y de actuación.

Las personas comprendidas en el ámbito de este Título observarán, en el ejercicio de sus funciones, lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico, y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas.

Asimismo, adecuarán su actividad a los siguientes

Principios éticos:

Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general.

Ejercerán sus funciones atendiendo al principio de buena fe y con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios. 

[…]

Principios de actuación:

Desempeñarán su actividad con plena dedicación y se abstendrán de toda actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses con su puesto público. 

Este artículo pone de relieve las debilidades del sistema de peticiones de información como ningún otro. Todas las consideraciones éticas y de principios de actuación son normas dirigidas a suprimir las consecuencias de introducir humanos en este proceso. Humanos que se les pagaría a cambio de entorpecer el acceso a la información

Los sistemas informáticos pueden servir toda la información requerida sin que nos tengamos que preocupar de las posibles deficiencias éticas introducidas por el personal encargado de admitir o resolver peticiones. Para ello toda la información debe de estar perfectamente clasificada y ser accesible en tiempo real por todos los usuarios.

Que una persona tenga la función de administrar información bajo petición no es algo admisible en los tiempos actuales. Los sistemas informáticos actuaran siempre en la misma forma y con criterios uniformes de máxima eficiencia, objetividad, imparcialidad, etc., etc., etc. El sistema de petición previa para información no restringida es inadmisible en la era de la información.

Dos. El apartado 4 del artículo 14 queda redactado como sigue:

«4. El contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los Secretarios de Estado y demás Altos Cargos previstos en el artículo 3 de esta ley se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado», en los términos previstos reglamentariamente. En relación con los bienes patrimoniales, se publicará una declaración comprensiva de la situación patrimonial de estos Altos Cargos, omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares».

Se supone que esos datos deben figurar en la declaración de hacienda. Los datos deben ser procesados anualmente en el ministerio de hacienda a partir de las declaraciones anuales de hacienda eliminando la información sensible (localizaciones de inmuebles, etc). De esta forma toda omisión de información podrá ser tratada como delito fiscal.

Para ello solo hace falta añadir una casilla a la declaración para determinar si la persona está obligada por la ley de transparencia a hacer públicos sus datos. En esa consideración cabría incluir de manera amplia a toda aquella persona física o jurídica que de una forma o de otra ejerza un poder importante sobre la sociedad ya sea de tipo financiero o de otro tipo, pero muy especialmente al poder financiero. No sólo bancos, sino instituciones poderosas como La Iglesia o la SGAE por poner sólo un par de ejemplos.

El proceso de publicación ha de ser realizado informáticamente a través de los ordenadores del ministerio de hacienda para que nadie se escape de sus responsabilidades de declarar sus bienes y en caso contrario pague por ello.

 Conclusiones:

Cuando dije la ley era una tomadura de pelo, y que intentaría hacer una enmienda a la totalidad no exageré.

En la sociedad de la información tenemos ir olvidándonos del papel y de la intermediación de personas para ofrecer acceso a la información, y proceder con unos sistemas informatizados que permitan accesos de consultas muy flexibles a la información y en tiempo real. Lo único que se necesita es voluntad política.

Cualquier otra cosa no sirve, en especial si se asume que los gobernantes y las administraciones actuarán como deben. La transparencia ha de basarse en el principio contrario de que estamos siendo gobernados por personas que no son necesariamente honradas.

Lo único objetable a esta enmienda es que al ser una ley ambiciosa que supone importantes cambios, su implantación deba hacerse de forma progresiva, pero no hay nada que impida dar los primeros pasos incluso antes de que se apruebe la ley si se hace de forma sensata. Es una ley muy necesaria.

¿Tenemos que recordar a donde nos ha conducido la corrupción y el despilfarro?

Admitámoslo, los políticos no tienen capacidad para combatir ni una cosa ni otra, porque el edificio de amiguismos en el que basan su trabajo peligra cada vez que intentan quitar un ladrillo enfermo. Sin transparencia los problemas de corrupción y despilfarro son casi insolubles y tienden a empeorar.

Si queremos vigilar los gastos de una corporación, o los contratos de una empresa con la administración, o la relación de movimientos entre dos cuentas comprendidos entre una fecha y otra, debemos ser capaces de hacerlo directamente y sin necesidad de hacer una petición a una persona.

Para estas tareas, las personas a diferencia de los sistemas informáticos son caras, muy ineficiente, y en función de su libre albedrío o de su falta de astutez, buena fe, etc. pueden complicarnos la vida.

Parece que en el borrador son muy conscientes de este hecho ya que el articulado del borrador no hace otra cosa que poner parches para minimizar el desastre que supone presumir el requisito de petición previa.

PD (27-marzo-2012):

La gente se está fijando en otros modelos de otros países para sacar defectos a esta ley, olvidando que una ley de transparencia debería ser algo totalmente diferente de lo que actualmente existe. Debería tratar al ciudadano como propietario de la información pública y facilitarle al máximo el acceso a la información, y punto.

En otras palabras, no se reconoce el acceso a la información como derecho fundamental. Para mí es el punto más importante de todos del cual deriva todo lo demás.

No obstante también podemos entrar en algunos detallitos muy significativos que ponen de relieve la falta de voluntad política para llevar a cabo una ley de transparencia realmente útil:

Las diez principales carencias de la Ley de Transparencia

El anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno contempla muchas excepciones, deja fuera buena parte de la información pública, no recoge sanciones si no se cumple con ese derecho a informar y no acaba con el silencio administrativo. Éstos son algunos de los fallos de la futura norma, según los expertos. Pero también tiene aspectos positivos